ESPINAR: AMPLIEMOS LA MIRADA AL CONFLICTO MINERO

En un contexto de satanización a las protestas sociales y de intransigencias mutuas, este artículo puede ayudar a entender el origen y el problema actual de la relación conflictiva entre la Minera Xstrata Tintaya y la población de Espinar. Valioso testimonio de este profesional que con toda transparencia lo firma

Espinar: Ampliemos la Mirada al Conflicto Minero

 Autor : Ing. Agrícola Julio Alegría Galarreta

He leído el editorial del Diario El Comercio del domingo 3 de junio de 2012. De acuerdo con la posición del prestigioso diario, el conflicto minero en Espinar es solo el resultado de una campaña insidiosa montada en base a la mentira por el alcalde de dicha provincia, Oscar Mollohuanca, “instrumentalizando” el valor de la ecología para ocultar otros fines, cual lobo vestido de cordero.

Trabajé en la provincia de Espinar entre 1986 y 1989. Visité Espinar en el año 2010, como miembro del equipo de investigadores de un estudio cuyo objetivo fue proporcionar al Estado los insumos que le permitan mejorar su sistema de gestión de conflictos socio-ambientales en el ámbito de la actividad minera.

Dentro de los casos analizados estuvo el “Conflicto entre la Empresa Minera Xstrata Tintaya y las Comunidades y Población de su Entorno – Provincia De Espinar”.

El conflicto se incubó en el año 1981 cuando se producen las primeras expropiaciones de tierras comunales efectuadas por el Estado a favor del proyecto minero. Se inició un proceso de desalojo casi forzado, en donde los campesinos consideraron ser abusados. Transferido el yacimiento a la empresa privada (1994), el problema continuó con la expansión de las operaciones de la mina (Tintaya BHP Billiton).

El inicio de la explotación minera (1985) se generó un nuevo problema: la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, especialmente en la sub-cuenca del río Cañipía, que fue reiterativamente denunciado por los campesinos entrevistados. Viéndose desprotegidos de las instituciones del Estado, seis comunidades campesinas afectadas por Tintaya tramitaron la intervención foránea de la oficina del “Ombudsman de la Minería de OXFAM Australia”, en el año 2001.

El “Frente de Defensa de los Regantes de la Microcuenca Cañipía – FREDERMICE” reúne a los productores pecuarios que sufren la contaminación del río. Luego de frustradas denuncias, logró que en 2003 una “Comisión de alto nivel” llegue a la zona. Luego de tres visitas, la decisión de la Comisión fue desilusionante para las comunidades afectadas, y halagador para la empresa: “El Estado no va a intervenir en el conflicto; que debe ser una negociación bilateral empresa – comunidades. El Estado garantizará los acuerdos”.

Por otro lado, se generó un descontento general en la población con respecto a la ausencia de contribución de la empresa al desarrollo de la provincia. Junto a una población que no accedía a elementales servicios de agua potable, bullía una economía de enclave con pingües utilidades. Se reclamaba que la empresa aporte al desarrollo de Espinar financiando proyectos. Recuérdese que el Canon Minero es relativamente reciente (Ley actual vigente desde 2009).

El conflicto minero Tintaya tuvo reeditados momentos de crisis previas, sucesivamente en los años 1990, 2001, 2005, sin poder resolver el problema. En todos los casos fueron masivas y arraigadas manifestaciones populares. La intervención del Estado fue totalmente reactiva y parcializada, al sentir de los espinarenses.

La población, especialmente la población campesina, considera que la empresa minera tiene un excesivo poder, que lo ejerce para acallar denuncias y voces opositoras. “Somos arreados por la mina. Así nos humilla la mina”. La Vicaría de la Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, vaticinó: “Se está embalsando una desconfianza y malestar generalizado en la población. Cuando esto suceda, la situación va a ser incontrolable. Eso va a explotar mal”.

El descontento generalizado de la población contra la empresa minera, y la decepción de las entidades tutelares del gobierno central, condujeron a la elección del actual alcalde de Espinar, en 2010, el único candidato que portaba una bandera reivindicatoria frente a la minera.

Es cierto que los conflictos mineros pueden ser “caballito de batalla” de no pocos políticos e intereses personales subalternos. Sin embargo, no basta un fósforo para producir un incendio forestal. El incendio se produce porque existe un bosque seco y elevada temperatura. Los conflictos socio-ambientales entre las empresas extractivas y las poblaciones del entorno tienen su basamento, por un lado, en la frustración de la población afectada en el medio ambiente y sus recursos naturales por la empresa privada que cuenta con el respaldo de los organismos del Estado, y/o que saca ventaja de la falta de control y vigilancia. La población piensa que solo con su lucha va a defender sus derechos. Por otro lado, en la expectativa de una población sumida en la pobreza y marginación para acceder a los inmensos beneficios económicos provenientes de la explotación minera.

La “madre del cordero” de los conflictos socio-ambientales es la implementación de la política de promoción de la inversión privada en minería e hidrocarburos, con 20 años de vigencia.

Junto a la perniciosa figura de “juez y parte” asignada al Ministerio de Energía y Minas en el sistema de evaluación de impactos ambientales, se conjugan otros elementos en negativa sinergia:

i) Débil sistema de monitoreo, control, supervisión y fiscalización de la actividad minera y de la calidad ambiental del agua.

ii) Carencia de ordenamiento territorial como herramientas de planificación del uso y ocupación del territorio, para el aprovechamiento sostenible de las potencialidades de los recursos naturales y la conservación del ambiente y los ecosistemas.

iii) Escasa investigación en uso sostenible de recursos naturales, problemas y riesgos ambientales, conservación de los ecosistemas, hidrología de las cuencas.

iv) Falta de articulación, el vacío o superposición de funciones, los procedimientos burocráticos, que caracterizan el accionar de las instituciones del Estado.

Lejos de reconocer este diagnóstico, los gobiernos de turno, muchas empresas extractivas y agentes comunicadores de pensamiento neoliberal sostienen que los conflictos son resultado de la acción de agitadores políticos y ONG’s ideologizadas.

Este simplista diagnóstico del problema conlleva a postular “muerto el perro, acabada la rabia”. Razonamiento bastante militar por cierto pero que nada más opuesto a contribuir a la solución de los conflictos socio-ambientales entre las empresas mineras y las poblaciones de su entorno, que vienen intensificándose en los últimos 12 años.